El recorte unilateral al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) representa un golpe directo a los municipios y a la ciudadanía. La disminución de estos recursos limita la capacidad de los gobiernos locales para responder a las exigencias más apremiantes de la población, como alumbrado público, electrificaciones, bacheo y rehabilitación de espacios públicos.

En Irapuato, la alcaldesa Lorena Alfaro García calificó la decisión como un retroceso que vulnera la inversión social y deja a los municipios con menos herramientas para atender demandas cotidianas. Lo que antes era un presupuesto asegurado por la Ley de Coordinación Fiscal, hoy se reduce por decisiones tomadas desde el gobierno federal sin diálogo ni consenso.

Este martes, alcaldes de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), entre ellos Alfaro García, interpusieron recursos jurídicos para defender la autonomía municipal y exigir la restitución de los fondos eliminados. La exigencia es clara: que se respete el dinero destinado a obra social, pues su recorte no solo afecta a los gobiernos locales, sino a millones de ciudadanos en todo el país.