El trabajo de investigación, inteligencia y actuación oportuna de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato permitió neutralizar a un generador de violencia y desarticular una célula delictiva, luego de un ataque armado perpetrado contra personal ministerial durante el cumplimiento de una orden judicial en Irapuato.
La tarde del 30 de diciembre de 2025, un equipo integrado por un agente del Ministerio Público, peritos y elementos de Investigación Criminal acudió a un domicilio para ejecutar un cateo autorizado por un juez, como parte de una investigación destinada a reducir la incidencia delictiva y proteger a la población. Al arribar al inmueble, los servidores públicos fueron agredidos con disparos de arma de fuego de alto poder desde el interior.
Gracias a la reacción profesional, coordinada y apegada a derecho de los agentes, la agresión fue contenida sin que se registraran víctimas mortales, logrando la detención del atacante, identificado como FERNANDO “N”, señalado como líder de un grupo criminal originario de un estado vecino y considerado objetivo prioritario por su presunta participación en hechos de alto impacto en la región.
Durante su captura se aseguraron un arma de fuego, cargadores abastecidos, metanfetamina y dinero en efectivo, elementos que fortalecen las líneas de investigación en su contra. En el mismo operativo fueron detenidos CARLOS IGNACIO “N”, MARÍA DE LOS ÁNGELES “N” y LEONARDO “N”, a quienes también se les encontraron sustancias ilícitas. Las indagatorias preliminares los vinculan con diversos eventos delictivos recientes que afectaron la tranquilidad de las familias de Irapuato.
Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, y el Juez de Control calificó como legales las detenciones, dictando auto de vinculación a proceso penal por tentativa de homicidio en agravio de servidores públicos, así como por los delitos federales de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del ejército y posesión de metanfetamina, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva.
La autoridad judicial otorgó un plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía reforzará los elementos probatorios para garantizar que los responsables enfrenten una sentencia conforme a la ley.
