En un acto que marca un avance en la justicia social para los pueblos indígenas de Guanajuato, la delegada del Bienestar, Alma Alcaraz, anunció que más de 90 comunidades serán beneficiadas con recursos federales directos.

Durante una Asamblea Informativa con representantes de comunidades indígenas, realizada bajo la dirección de la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, Alcaraz destacó la importancia de este nuevo esquema de financiamiento.

“Por primera vez en la historia, los pueblos indígenas podrán acceder directamente a los recursos que les corresponden. Esto no es un favor, es un acto de justicia largamente esperado. Nuestro compromiso es garantizar que estos recursos lleguen a donde realmente se necesitan, para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades”, afirmó.

Al evento asistieron María del Carmen Álvarez Juárez, titular de la Oficina de Representación del INPI en la región y coordinadora del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí de Guanajuato, así como directores regionales de los Programas del Bienestar.

La asamblea permitió informar a los asistentes sobre los lineamientos y procesos de acceso a los recursos federales del FAISPIAM, un fondo destinado a la infraestructura social en comunidades indígenas. En el encuentro, que reunió a 70 representantes y autoridades indígenas, así como 135 asistentes de diversas comunidades, se explicó la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Además, se detalló el mecanismo mediante el cual los municipios deberán destinar el 10% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a proyectos en comunidades indígenas, asegurando que estos recursos se utilicen para combatir la pobreza y la marginación.

Las comunidades expresaron inquietudes sobre la asignación y transparencia en el manejo de los fondos, resaltando la importancia de que los gobiernos municipales cumplan con su obligación de invertir en proyectos que realmente beneficien a la población indígena.

“Este es un paso histórico para la justicia social en nuestras comunidades indígenas. No vamos a permitir que se les siga relegando; hoy tienen en sus manos la posibilidad de decidir sobre su propio futuro”, concluyó Alma Alcaraz.